En época
electoral, todo el mundo es bueno y los políticos se deshacen en elogios por
nosotros. Hasta en el pueblo más pequeño se da
un mitin diciendo lo mucho que van a hacer y lo poco y mal que lo hace la oposición. Van por ahí echándonos
arengas sobre economía y equidad, dignidad, prosperidad... Nos recuerdan que
todos somos iguales ante la Ley, que la dignidad es un derecho inalienable, que
la sanidad y la educación son lo primero y, si hace falta, montan una fiesta y nos prometen la felicidad con
mayúsculas. Pero luego, sin esperar a enero, vienen las rebajas y los deseos y
las buenas intenciones se evaporan hasta convertirse en humo. Brindan al sol
las veces que haga falta. Sonríen, abrazan niños, porque ellos son el futuro, estrechan
manos, reparten besos y se hacen fotos con abuelos con chepa y artrosis.
Votadnos porque somos la esperanza de España. Pero al cabo de unos meses unos
meten la mano en el cajón, otros se venden a las grandes corporaciones
financieras y empresas multinacionales y todo se convierte en una montaña de
mentiras.
El día que
escribo este texto 21 centros de salud se quedan sin urgencias nocturnas en
Castilla-La Mancha, al igual que ha pasado en otros centros de Cataluña,
Extremadura y otras comunidades. A partir de ahora, algunos de estos
consultorios y centros médicos prestarán atención hasta las tres de la tarde y otros hasta las ocho de
la noche. Desde
esas horas, si algún vecino necesita atención urgente deberá desplazarse
a otro municipio que sí la tenga o llamar por teléfono para ser atendido. Las
razones son las mismas a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno: el
ahorro. Según declaraciones de portavoces políticos del gobierno regional, es
muy caro mantener un servicio cuando solamente se utilizaba una media de una
vez por noche.
La medida,
traducida al idioma de calle es bien clara: a los pueblos pequeños que les
vayan dando. Los viejos, los enfermos, los pobres que carecen de automóvil o
los que no están en condiciones de conducir que se jodan. Que se esperen a que
quiera venir una ambulancia desde no se donde, que la palmen si llega tarde.
Total, si son cuatro gatos, qué más da. Qué importa que alguno de esos
habitantes de esos puebluchos de muerte puedan cascarla, si dentro de nada allí
no va a quedar nadie. Que recen o le pongan una vela al santo, o si no que se
vayan a otro sitio. Esa es la mentalidad que impera.
Se supone que
todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, que todos tenemos el mismo
derecho a la sanidad, que esta es universal y
una urgencia no admite demoras. Pero en estos tiempos todo son
suposiciones. Cuando menos se descuida
uno, todo se convierte en papel mojado y se hace tabla rasa con derechos que ha costado siglos
conseguir. Hasta los más básicos y
elementales, como es el derecho a poder seguir viviendo.
Detrás de cada
medida que se toma, dentro del ámbito que sea, hay un efecto disuasorio para
que cualquier ciudadano se abstenga de utilizar los servicios a los que
legalmente tiene derecho. Los ejemplos son notorios. Bien sea el euro por
receta, las tasas judiciales, la no existencia de urgencias o la cancelación de
cualquier servicio.
Hace poco escuchaba por boca de un alto cargo
del Ministerio de Sanidad que se había conseguido un gran ahorro gracias al cobro
de recetas, como si la receta no se la hubiese extendido un médico, la medicina
fuese una golosina y el enfermo no estuviese enfermo y se tratara de un niño
goloso que la pide por capricho.
“Es muy caro,
es un servicio inviable que estaba abocado a desaparecer” nos dicen, pero, ¿no
es más cara la muerte?. ¿Pensarían lo mismo esos políticos si estuvieran
viviendo en unos de esos 21 pueblos, si fueran mayores y estuvieran en riesgo
de diñarla?. La salud y la vida nunca pueden medirse en términos económicos.
Los servicios sociales, cualesquiera que sean, no pueden ser calibrados como un
accionista mide la rentabilidad de sus
acciones. Eso puede estar bien para un empresario, no para un gobierno que,“se
supone”, debería gobernar para todos y ha de buscar la igualdad de sus
ciudadanos.
El gobierno
repite hasta el hartazgo que la sanidad es universal para todos los españoles,
pero se les olvida decir que la sanidad ya no es igual para los vecinos de los
pueblos pequeños. Esos, por las tardes y por las noches, si les da un jamacuco,
se quedan a verlas venir, a esperar a ver si llega la ambulancia a tiempo, y si
no, morirse en un rincón. Y como se despide personal sanitario, las listas de
espera son tan largas que hay quienes la palman antes de que llegue el día de ser atendidos. Y, por supuesto, los
inmigrantes sin papeles no tienen derecho a la sanidad. Y al final uno se da
cuenta que lo realmente universal ya no es la sanidad, sino la muerte.
Garrota en
mano, un anciano se cabrea y lanza al aire su pregunta : ¿Para esto he
estado cotizando yo tantos años?. ¿Para que una noche no haya quien me atienda?. La Consejería
insiste en que la asistencia urgente está garantizada mediante
los medios del Sescam, como las ambulancias, las UVI móviles y los helicópteros
y añade que el teléfono 900 252 530 de 'Sanidad Responde' está operativo las 24
horas del día, como si con eso estuviese todo resuelto. ¿Pero sabe usted que
hay cuatro helicópteros para toda la región? ¿Sabe usted cuanto tiempo puede
tardar en llegar una unidad móvil, una ambulancia o un helicóptero a su
domicilio?. En momentos de urgencia cada minuto cuenta, pero obviamente, con
diferencia, los núcleos rurales lo tienen mucho peor que las ciudades. Esa
falta de proximidad nos puede costar la vida a muchas personas.
Si hoy se
elimina un servicio sanitario urgente, cualquier cosa puede pasar mañana. Si la
vida o la muerte ya no significan nada, si dejamos que los pueblos se hundan
más todavía en la miseria, ya solo nos quedará la inmoralidad. Porque es inmoral
que a los muy ricos se les haga una
amnistía fiscal y a los enfermos de pueblo se les niegue el derecho a seguir
viviendo. Es inmoral que a bancos, multinacionales y malos gestores nadie les
sancione por sus atropellos e incluso se les ayude a prosperar, y a la gente
más humilde se les quite el pan y la sal. Es inmoral que Unió se quede con el
dinero de unos cursos de formación para parados y apenas haya castigo. Es
denigrante que en un país donde ya se pasa hambre, haya políticos que defraudan
hacienda y leyes que premian el fraude fiscal de las grandes fortunas, puesto
que tributan en un porcentaje ridículo comparado con el resto de los españoles.
Es vergonzoso que se cierren plantas enteras y hasta hospitales, mientras la
corrupción se pasea todos los días de la mano de algún político y ninguno es
capaz de modificar y endurecer las leyes para que los corruptos paguen como
deben –en la actualidad los delitos fiscales prescriben a los 4 ó 5 años, y las
investigaciones de los partidos son internas para que estos puedan
proteger a sus amigos. Es inmoral que
un diputado le quede una pensión por cuatro años de cotización y cualquier hijo
de vecino tenga que cotizar toda su vida para lo mismo. ¿Es esta la igualdad
que se proclama en el artículo 14 de la Constitución española?. Es
bochornoso que la justicia imponga
nuevas tasas a un servicio que ya resultaba oneroso y que nos aboca a una
“justicia” para ricos que, con su dinero aplastarán con eficacia al más
humilde, y a otra justicia en la que los pobres no les quede más remedio que no
iniciar acciones legales y soportar la
injusticia. Es inmoral que se cobre por las recetas cuando antes ya hemos
pagado por mantener la sanidad, discriminando así a los más enfermos, quienes,
obviamente, no enferman por capricho. Menos mal que los tribunales han fallado
en contra de esta medida y, al menos en este caso, han demostrado más ética que los políticos,
Me pregunto
qué pasará si la sanidad se privatiza, como todo apunta que lo hará si no
ponemos remedio los ciudadanos. Si con la sanidad pública ocurren estos
atropellos, ¿que pasará cuando las empresas privadas sean las dueñas y señoras
de nuestros hospitales y centros de salud?. ¿Nos atenderán por Internet?,
¿Cerrarán la mitad de sus servicios para que tengamos que volver a pagar casi
por todo?. ¿Qué empresa privada se instalará en los pueblos pequeños?
¿Especularán con nuestra salud?, ¿para qué servirá el pago de nuestros
impuestos?, ¿para engordar a los bancos y las multinacionales?
La sanidad
pública no es compatible con los
beneficios en ninguna parte, pero mucho menos en los núcleos rurales más
pequeños. Es un derecho que hemos logrado después de muchos años. No podemos
dejarlo caer.
Si hoy se
niega la atención de las urgencias nocturnas a los pueblos más pequeños, donde,
en su mayoría viven personas mayores,
¿qué podrá ser lo próximo?, ¿dejar sin sillas de ruedas a los inválidos?,
¿eliminar la atención sanitaria, día y
noche en los municipios de menos de 2000 habitantes?. Sin lugar a dudas hacia
esa deriva estamos retrocediendo y en ello puede irnos la vida.
Tres de los
ayuntamientos de los 21 municipios sin servicio sanitario vespertino y
nocturno, Tembleque, Adobes y Durón, han recurrido la decisión de eliminar
estos servicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha.
La decisión del tribunal es que solo estos sigan manteniendo su servicio de
urgencias, mientras los 17 municipios restantes se quedan sin él. Está claro.
No nos queda otra opción: o reclamar o exponerse a perder la vida.
M. Picó
(Este artículo también puede leerse en Internet
manuelpico.blogspot.com)