Efecto disuasorio

        

En época electoral, todo el mundo es bueno y los políticos se deshacen en elogios por nosotros. Hasta en el pueblo más pequeño se da  un mitin diciendo lo mucho que van a hacer y  lo poco y mal que lo hace la oposición. Van por ahí echándonos arengas sobre economía y equidad, dignidad, prosperidad... Nos recuerdan que todos somos iguales ante la Ley, que la dignidad es un derecho inalienable, que la sanidad y la educación son lo primero y, si hace falta, montan  una fiesta y nos prometen la felicidad con mayúsculas. Pero luego, sin esperar a enero, vienen las rebajas y los deseos y las buenas intenciones se evaporan hasta convertirse en humo. Brindan al sol las veces que haga falta. Sonríen, abrazan niños, porque ellos son el futuro, estrechan manos, reparten besos y se hacen fotos con abuelos con chepa y artrosis. Votadnos porque somos la esperanza de España. Pero al cabo de unos meses unos meten la mano en el cajón, otros se venden a las grandes corporaciones financieras y empresas multinacionales y todo se convierte en una montaña de mentiras.

El día que escribo este texto 21 centros de salud se quedan sin urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha, al igual que ha pasado en otros centros de Cataluña, Extremadura y otras comunidades. A partir de ahora, algunos de estos consultorios y centros médicos prestarán atención hasta las tres de la tarde y otros hasta las ocho de la noche. Desde  esas horas, si algún vecino necesita atención urgente deberá desplazarse a otro municipio que sí la tenga o llamar por teléfono para ser atendido. Las razones son las mismas a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno: el ahorro. Según declaraciones de portavoces políticos del gobierno regional, es muy caro mantener un servicio cuando solamente se utilizaba una media de una vez por noche.

La medida, traducida al idioma de calle es bien clara: a los pueblos pequeños que les vayan dando. Los viejos, los enfermos, los pobres que carecen de automóvil o los que no están en condiciones de conducir que se jodan. Que se esperen a que quiera venir una ambulancia desde no se donde, que la palmen si llega tarde. Total, si son cuatro gatos, qué más da. Qué importa que alguno de esos habitantes de esos puebluchos de muerte puedan cascarla, si dentro de nada allí no va a quedar nadie. Que recen o le pongan una vela al santo, o si no que se vayan a otro sitio. Esa es la mentalidad que impera.

Se supone que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, que todos tenemos el mismo derecho a la sanidad, que esta es universal y  una urgencia no admite demoras. Pero en estos tiempos todo son suposiciones.  Cuando menos se descuida uno, todo se convierte en papel mojado y se hace tabla rasa con  derechos que ha costado siglos conseguir.  Hasta los más básicos y elementales, como es el derecho a poder seguir viviendo.

Detrás de cada medida que se toma, dentro del ámbito que sea, hay un efecto disuasorio para que cualquier ciudadano se abstenga de utilizar los servicios a los que legalmente tiene derecho. Los ejemplos son notorios. Bien sea el euro por receta, las tasas judiciales, la no existencia de urgencias o la cancelación de cualquier servicio.

 Hace poco escuchaba por boca de un alto cargo del Ministerio de Sanidad que se había conseguido un gran ahorro gracias al cobro de recetas, como si la receta no se la hubiese extendido un médico, la medicina fuese una golosina y el enfermo no estuviese enfermo y se tratara de un niño goloso que la pide por capricho.

“Es muy caro, es un servicio inviable que estaba abocado a desaparecer” nos dicen, pero, ¿no es más cara la muerte?. ¿Pensarían lo mismo esos políticos si estuvieran viviendo en unos de esos 21 pueblos, si fueran mayores y estuvieran en riesgo de diñarla?. La salud y la vida nunca pueden medirse en términos económicos. Los servicios sociales, cualesquiera que sean, no pueden ser calibrados como un accionista  mide la rentabilidad de sus acciones. Eso puede estar bien para un empresario, no para un gobierno que,“se supone”, debería gobernar para todos y ha de buscar la igualdad de sus ciudadanos.

El gobierno repite hasta el hartazgo que la sanidad es universal para todos los españoles, pero se les olvida decir que la sanidad ya no es igual para los vecinos de los pueblos pequeños. Esos, por las tardes y por las noches, si les da un jamacuco, se quedan a verlas venir, a esperar a ver si llega la ambulancia a tiempo, y si no, morirse en un rincón. Y como se despide personal sanitario, las listas de espera son tan largas que hay quienes la palman  antes de que llegue el día de ser atendidos. Y, por supuesto, los inmigrantes sin papeles no tienen derecho a la sanidad. Y al final uno se da cuenta que lo realmente universal ya no es la sanidad, sino la muerte.

Garrota en mano, un anciano se cabrea y lanza al aire su pregunta : ¿Para esto he estado cotizando yo tantos años?. ¿Para que una noche no haya quien me atienda?.  La Consejería insiste en que la asistencia urgente está garantizada mediante los medios del Sescam, como las ambulancias, las UVI móviles y los helicópteros y añade que el teléfono 900 252 530 de 'Sanidad Responde' está operativo las 24 horas del día, como si con eso estuviese todo resuelto. ¿Pero sabe usted que hay cuatro helicópteros para toda la región? ¿Sabe usted cuanto tiempo puede tardar en llegar una unidad móvil, una ambulancia o un helicóptero a su domicilio?. En momentos de urgencia cada minuto cuenta, pero obviamente, con diferencia, los núcleos rurales lo tienen mucho peor que las ciudades. Esa falta de proximidad nos puede costar la vida a muchas personas.

Si hoy se elimina un servicio sanitario urgente, cualquier cosa puede pasar mañana. Si la vida o la muerte ya no significan nada, si dejamos que los pueblos se hundan más todavía en la miseria, ya solo nos quedará la inmoralidad. Porque es inmoral que a los muy  ricos se les haga una amnistía fiscal y a los enfermos de pueblo se les niegue el derecho a seguir viviendo. Es inmoral que a bancos, multinacionales y malos gestores nadie les sancione por sus atropellos e incluso se les ayude a prosperar, y a la gente más humilde se les quite el pan y la sal. Es inmoral que Unió se quede con el dinero de unos cursos de formación para parados y apenas haya castigo. Es denigrante que en un país donde ya se pasa hambre, haya políticos que defraudan hacienda y leyes que premian el fraude fiscal de las grandes fortunas, puesto que tributan en un porcentaje ridículo comparado con el resto de los españoles. Es vergonzoso que se cierren plantas enteras y hasta hospitales, mientras la corrupción se pasea todos los días de la mano de algún político y ninguno es capaz de modificar y endurecer las leyes para que los corruptos paguen como deben –en la actualidad los delitos fiscales prescriben a los 4 ó 5 años, y las investigaciones de los partidos son internas para que estos puedan proteger  a sus amigos. Es inmoral que un diputado le quede una pensión por cuatro años de cotización y cualquier hijo de vecino tenga que cotizar toda su vida para lo mismo. ¿Es esta la igualdad que se proclama en el artículo 14 de la Constitución española?. Es bochornoso  que la justicia imponga nuevas tasas a un servicio que ya resultaba oneroso y que nos aboca a una “justicia” para ricos que, con su dinero aplastarán con eficacia al más humilde, y a otra justicia en la que los pobres no les quede más remedio que no iniciar acciones legales  y soportar la injusticia. Es inmoral que se cobre por las recetas cuando antes ya hemos pagado por mantener la sanidad, discriminando así a los más enfermos, quienes, obviamente, no enferman por capricho. Menos mal que los tribunales han fallado en contra de esta medida y, al menos en este caso, han demostrado  más ética que los políticos,

Me pregunto qué pasará si la sanidad se privatiza, como todo apunta que lo hará si no ponemos remedio los ciudadanos. Si con la sanidad pública ocurren estos atropellos, ¿que pasará cuando las empresas privadas sean las dueñas y señoras de nuestros hospitales y centros de salud?. ¿Nos atenderán por Internet?, ¿Cerrarán la mitad de sus servicios para que tengamos que volver a pagar casi por todo?. ¿Qué empresa privada se instalará en los pueblos pequeños? ¿Especularán con nuestra salud?, ¿para qué servirá  el pago de  nuestros impuestos?, ¿para engordar a los bancos y las multinacionales?

La sanidad pública  no es compatible con los beneficios en ninguna parte, pero mucho menos en los núcleos rurales más pequeños. Es un derecho que hemos logrado después de muchos años. No podemos dejarlo caer.

Si hoy se niega la atención de las urgencias nocturnas a los pueblos más pequeños, donde, en su mayoría  viven personas mayores, ¿qué podrá ser lo próximo?, ¿dejar sin sillas de ruedas a los inválidos?, ¿eliminar la atención  sanitaria, día y noche en los municipios de menos de 2000 habitantes?. Sin lugar a dudas hacia esa deriva estamos retrocediendo y en ello puede irnos la vida.

Tres de los ayuntamientos de los 21 municipios sin servicio sanitario vespertino y nocturno, Tembleque, Adobes y Durón, han recurrido la decisión de eliminar estos servicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha. La decisión del tribunal es que solo estos sigan manteniendo su servicio de urgencias, mientras los 17 municipios restantes se quedan sin él. Está claro. No nos queda otra opción: o reclamar o exponerse a perder la vida.

                                                M. Picó

                (Este artículo también puede leerse en Internet manuelpico.blogspot.com)