sábado, 19 de marzo de 2016

Débiles e indefensos




A estas alturas de la vida dudo de que haya noticias que puedan  sorprenderme, pero, desde luego, sí indignarme. Una de las últimas que me han exasperado  ha sido la de saber que en el Vaticano la  Pontificia Comisión para la Protección de los Menores anda muy preocupada con el asunto de la pederastia dentro de la Iglesia y ha decidido reunirse nada menos que dos veces al año para tomar cartas en el asunto. Y el interés llega a tanto que la comisión no se dedica a resolver casos específicos, sino a buscar “una forma institucional de proteger a los menores". Los obispos "no están obligados" a denunciar los abusos a menores, según una nueva guía del Vaticano. Es decir que, más que una comisión es un claro caso de omisión. Omisión de socorro a las víctimas, omisión de denuncia y castigo  a sacerdotes que se valieron de su cargo y destrozaron la vida de muchísimos niños. Omisión de justicia a clérigos que predicaron la bondad divina en un púlpito y, en privado, violaban niños, practicaban el abuso sexual, la coacción y el chantaje a menores.



La Santa Sede ha condenado en los últimos 10 años a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores. Un total de 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico, mientras que los 2.572 restantes recibieron sanciones de distinto tipo.  



Miles de casos de abusos sexuales en la Iglesia católica en todo el mundo y el Vaticano, como máximo, los cesa, cuando no mira  para otro lado, como ha hecho hasta no hace mucho.



La Justicia española tampoco ayuda demasiado al respecto. Si se trata de violación, la prescripción se produce a los  quince años desde el hecho. En el caso más leve, a los cinco.



Me avergüenzan la Iglesia y la Justicia que tenemos. Me abochornan los gobiernos que desde hace décadas no han hecho absolutamente nada porque estos y otros delitos caduquen como los yogures. Me subleva que se haya permitido  que el abusador fuese  a otra parroquia y siguiese  abusando de más niños, como si tal cosa. Me revienta que ante casos tan flagrantes no haya una reforma de las leyes.



El Vaticano, que se yergue como la voz de la conciencia mundial, no duda en gastar en exceso, enriquecerse de manera injustificada, ocultar sus finanzas y no castigar los abusos a menores. Con semejante currículo no es de extrañar que aumenten los ateos e incluso haya  creyentes que le pidan a Dios que los libre de la Iglesia. Me pregunto cómo se puede confiar en una institución  que no es capaz de poner coto a su propia inmoralidad, que  a veces hasta se doblega a la desfachatez y a la impunidad.



Y mientras esto sucede, uno se entera de que un sevillano ha sido condenado a seis meses de cárcel por robar una bicicleta en 2008.  De que a un senegalés le han caído nueve meses por intentar robar una gallina. O que la portavoz del ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, después de cinco años, por protestar en una capilla de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido condenada por ofender a la Iglesia a pagar  4320 euros. En estas  ocasiones los delitos, tan menores, parece ser que no prescriben.



Un político sin escrúpulos se puede hinchar a robar durante años. Un sacerdote puede violar a lo largo de décadas. Es relativamente fácil que a  ninguno les ocurra nada. Un ladrón de gallinas muerto de hambre o un ciudadano  con verdades como puños que protesta, tiene todas las papeletas para ir a la cárcel.  
Se intenta criminalizar la libertad de expresión, los derechos básicos de nuestra democracia. Se condena a la víctima y se bendice al verdugo. Los escraches se califican de delitos de terrorismo, las protestas por una educación de calidad, por un techo bajo el que vivir, cualquier demanda ciudadana que clama justicia se contempla como un acto ilegal y subversivo, azuzado por la Ley Mordaza.
Nuestras condiciones de vida empeoran, la corrupción es escandalosa, la Justicia no funciona, la Iglesia nos avergüenza, la gente se queda en la calle y pasa hambre, la Corona abraza al corrupto, los pobres pagan muchos más impuestos que los ricos, pero el vecino  de a pie  no puede protestar y tiene que ser una marioneta, un siervo de los privilegios del poderoso. El ciudadano tiene que agachar la cerviz como un becerro y soportar que en España  haya más de diez mil aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios, mientras escucha que la ley es igual para todos. El hombre o la mujer de la calle tienen que aguantar  que  la injusticia se agrave y perpetúe en las instituciones sin que haya visos de reforma. Apenas  hay referentes morales, pero sí muchedumbres cada vez más numerosas  tratando de sobrevivir. Por cada salto que da la riqueza, hay millones de inocentes que son sacrificados en aras de su crecimiento. El capitalismo ahonda la brecha, expande la miseria, multiplica la injusticia. Basta ver las imágenes que nos llegan de Idomeni con esas miles de personas que no saben dónde ir mientras porque las fronteras permanecen cerradas. Basta eso para comprender que nunca como hoy estamos condenando la pobreza, que el mayor delito de nuestro tiempo, el único en el que de verdad se emplea a fondo la Justicia y los gobiernos,  es el de sentenciar a quien carece de todo. Acabar con la pobreza dejando morir a los pobres parece ser la respuesta de la Europa privilegiada
Tusk, el líder del Consejo Europeo lo ha advertido no hace mucho a los migrantes: no vengan a Europa. Solo le faltó decir que se quedaran en Turquía, que se murieran en su tierra, que aquí no nos gusta la pobreza, que queremos que este sea un territorio libre de pobres y solo admitimos a turistas con dinero.
El parné  no conoce fronteras, viaja sin cortapisas por todo el mundo. Las personas con una mano delante y otra detrás, esas sí que tropiezan con todas las barreras. Palos, gases lacrimógenos, concertinas… No importa que sean víctimas de la guerra, da igual que huyan del hambre o la muerte. No interesa  que se sepa que, con harta frecuencia es el primer mundo, civilizado e inhumano, es quien fomenta las guerras, quien vende armas, quien destruye naciones para luego, aprovechar su debilidad y  esquilmarlas a su antojo.   
La víctima, el niño indefenso, el débil… siempre lleva las de perder en este mundo caníbal. La aporofobia (el odio y rechazo a los pobres) es más que una tendencia, es el signo de nuestra identidad. Ya solo tenemos miedo a ser tan pobres como esos que aparecen en la tele.                

                                            

domingo, 8 de noviembre de 2015

Lo más importante




Para desayunar un buen tazón de desafío soberanista catalán, para comer doble ración de lo mismo y para cenar se repite la historia. Parece que no hay otra noticia tan importante  ni en Cataluña ni el resto de España. Ningún otro asunto acapara tanto espacio en los medios. Ninguno se ha hecho tan pesado, tan cansino y molesto.  Mas, la Cup, Junts pel Si, los del No, Esquerra, Rajoy, Carme Forcadell, esteladas, banderas españolas, Romeva, la Constitución, el ministro de turno, representantes de los distintos partidos, juristas expertos,  el artículo 155 de la Constitución, “opinadores” de toda laya, debates, ruedas de prensa, declaraciones… Después de remover está ensalada tantos meses, día sí y día también, esta se ha hecho puré y uno ya está mareado y harto de ella.
El asunto tiene su importancia, desde luego. No he de negarlo. Pero, ¿realmente la sociedad española necesita pagar  a los políticos para que todos los días estén dedicados en cuerpo y alma  al mismo tira y afloja? Si todo ese maravilloso tiempo que emplean con  este debate enquistado, lo dedicaran a preocuparse por los problemas realmente graves de la gente, seguramente nos iría muchísimo mejor.  Nada  se dice nada de cómo solucionar la pobreza energética de cuatro millones de españoles  que no tendrán dinero para calentarse este invierno. Casi no se habla de si va a entrar en vigor la ley LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) el próximo 1 de enero, con la que se eliminarían  buena parte de los servicios sociales actuales. Según el presidente de la federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, de entrar en vigor cientos de niños se quedarán sin becas de comida, miles de personas tendrán que dormir en la calle porque no podrán estar en los albergues y  docenas de miles perderán el servicio de teleasistencia. ¿Por qué se planeó una ley tan lesiva para los 8122 ayuntamientos de toda España? Apenas se cuenta que somos el cuarto país de Europa con el recibo de la luz más caro (después de Dinamarca, Alemania e Irlanda) y nadie hace nada por pararle los pies a las eléctricas? Los costes regulados o peajes de la electricidad, que están en manos del Gobierno suponen el 56% de la factura. Aquí se incluyen los costes de distribución y transporte de esa energía hasta nuestros hogares y otros conceptos más complejos, como las subvenciones a las renovables, o el famoso déficit de tarifa.
Pero lo curioso de este enredo es que la energía se subasta  y las cinco eléctricas - fundamentalmente Iberdrola, Gas Natural y Endesa- son juez y parte de la subasta. Producen energía y a la vez la distribuyen y deciden a qué precio se la venden a sí mismas. Como consecuencia se puede aumentar el precio de la luz tanto como se quiera y nadie sabe bien qué factores afectan al alza o a la baja del recibo. Un pan como unas hostias para el consumidor quien, de paso, ha de ver que  existen barreras de entrada para nuevas empresas en este mercado, lo cual garantiza la supervivencia de este oligopolio.
La Comisión Nacional de la Competencia lleva años denunciando las prácticas oligopolísticas de este sector y considera que el precio de la energía se pacta, siempre al alza, en los despachos de las grandes eléctricas. Sin embargo, aduce que no puede enfrentarse a esta práctica ya que los enormes beneficios que se pueden generar pactando precios compensan cualquier posible sanción, por elevada que sea.
Por otro lado, a tenor del Real Decreto sobre autoconsumo y producción con autoconsumo eléctrico redactado por el Gobierno cualquier ciudadano que tenga algunas placas en su tejado o cualquier otro sistema de producción de energía renovable, tendrá que registrarse para pagar el “peaje de respaldo” y quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros. El propósito es simple: arrancar de cuajo la más mínima posibilidad de autonomía energética de los consumidores para que no perjudique los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. España, gracias a la ratificación del texto legal de nuestro Gobierno,  pasará a ser el primer país del mundo donde el sol no pueda usarse libremente y se crearán delincuentes solares. Como si el astro fuese propiedad exclusiva de las eléctricas y todos los españoles tuviéramos que pagarles a ellas por servirnos del sol que nos alumbra.  No faltará quien, por miedo, retire  las placas de su tejado y se ponga a  consumir la energía que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. En pocas palabras, el Gobierno se vende a las eléctricas porque de su energía percibe sustanciosos impuestos que no está dispuesta a perder.
Hay miles de temas que los políticos y los medios de comunicación silencian o se quedan en el limbo de los embrollos de los que no conviene hablar y  nos afectan mucho a todos. Los ciudadanos lo que queremos es honradez, buena gestión y buenos servicios, no discusiones bizantinas y calentamientos de cabeza.
¿Por qué asistimos a la bochornosa exhibición de mi bandera si, la tuya no? ¿Por qué tanta división, tanto enfrentamiento? ¿para qué tantas y tantas palabras? En una España con tantas carencias y recortes sociales, me gustaría mucho más que el Gobierno de la nación redactase una ley que condenara e inhabilitara de por vida a quienes  derrochan el dinero público, a quienes venden y compran contratas, a quienes juegan con nuestros derechos e  impuestos.
            La campaña Junts pel si, aun haciendo economías, ha contado  con un presupuesto de 3,7 millones de euros (el 90% procedente  de subvención pública)  Mientras tanto,  según el diario Expansión, la deuda pública en Cataluña en el segundo trimestre de 2015 ha crecido en 1.753 millones de euros y se sitúa en 67.855 millones, por lo que, en esa fecha, fue  la Comunidad Autónoma con más deuda de España,  el 33,90% del PIB de Cataluña, 6031 millones de euros más que en el  mismo trimestre de 2014.
            Es inmoral que la gente se apunte al independentismo o a una España grande y libre cuando hay gente que pasa hambre y duerme al raso, cuando sigue habiendo más de cuatro millones de parados, cuando se ha precarizado el trabajo y la pobreza aumenta, cuando hay tantas plantas de hospital cerradas, cuando tanta corrupción ha habido en Convergencia, PP y PSOE.  Lo prioritario hoy es satisfacer las necesidades básicas de la población, actuar con ética y no robar, lo demás es secundario.
Hace ya varias décadas, cuando al nada honorable presidente de la Generalitat  de Cataluña, Jordi Pujol, lo acusaban de un turbio asunto en el caso Banca Catalana, este se envolvió en la bandera nacionalista y todo se silenció. Al grito de som una nació  y echándole la culpa al Gobierno central y  los no nacionalistas, todo se tapó y la gente cerró filas apoyándole. Ovación cerrada y vuelta al ruedo, así durante 24 años (1980-2003). Hace ya una década  Pascual Maragall le reprochó a Mas que tenía un problema que se llamaba el 3%  Hoy, este delfín de Pujol,  que fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas bajo su mandato entre 1995 y 1997 y gestionó  2.129 millones de euros,  al parecer vivía en una nube y no se enteraba de la corrupción que le rodeaba. Hoy ese hombre, bajo una exaltación nacionalista todavía mayor que la de entonces, ha conseguido el 47% de los ciudadanos le apoye y hasta le jalee con entusiasmo en pro de la República de Cataluña.  No hay mejor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán español. Y en estos momentos en donde tanto se trae y se lleva la independencia de Cataluña,  no se está viendo qué es lo más importante.


domingo, 7 de junio de 2015

Alianzas y utopías




 
Hace solo unas semanas todos los representantes políticos aseguraban que no pactarían con ningún otro partido. Ahora, en vísperas de formar gobierno en regiones y municipios, todo son reuniones para aliarse hasta con el demonio si es preciso. Esta primera mentira política es el vivo ejemplo de que la palabra de un político tiene tan poco crédito como un cheque sin fondos. En el futuro esta falacia vendrá aparejada de otras muchas, pues es solo el aperitivo previo al choque que  sin duda se producirá cuando las promesas y los sueños se estrellen contra la dura realidad. Soñar  es fácil, pero aterrizar sin paracaídas ya es otro cantar.
            Estamos en el momento inicial tras las elecciones y el espectáculo es bochornoso. La vieja guardia pretoriana y corrupta lanza órdagos hasta con  sus oponentes de toda la vida y prefiere perder un ojo con tal de cegar a un tercero. Sociatas de capa caída sonríen y abren los brazos  a los enemigos que hace dos días no saludaban y los partidos que van a renovarlo todo estrechan la mano de los tradicionales, a quienes no soportaban hace nada.
Ignoro qué les parecerán tales pactos a los votantes, que se decantaron por una determinada opción y no por otras y ahora asisten a este intercambio de parejas. Extraños maridajes saldrán de todos estos acuerdos. Hay que dialogar, es preciso formar Gobierno, por supuesto. Pero, las posturas están tan encontradas que, de momento, solo nos llega el eco del griterío, el sucio y eterno veneno partidista de los malos perdedores, de quienes, a toda costa, quieren tocar poder y poco o nada les importa el electorado, y los que sabiéndose el peso que inclinará la balanza a una lado u otro,  aprovechan el momento para hacer prevalecer sus ideas. Cada cual intenta aliarse para incrementar  su cuota de poder. Algunos fingen que no pasa nada   y van sembrando hipocresía. Otros se frotan las manos. Pero, nadie puede evitar que el panorama cada vez se parezca más a un charco de ranas donde no solo nadie se entiende, sino donde se muestran los más bajos instintos políticos. ¿Qué tendrá el poder que todos lo quieren? ¿Qué tienen las poltronas para que quienes están no quieran dejarlas y quienes llegan estén locos por sentarse en ellas? Un idealista, con la mejor intención,  respondería que se trata de luchar por unos ideales o por defender la  justicia o la ética. Un corrupto, mientras con las manos se va metiendo los sobres en los bolsillos, dirá que se trata de hacer una España mejor, mejor para él, claro. Siempre habrá quienes les crean, pero al cabo de uno, dos, tres o cuatro años, ambas frases tal vez acaben por ser una gran utopía. Los poderes fácticos, nacionales, europeos y mundiales (corporaciones financieras, multinacionales…), desde la sombra, sin haber sido candidatos ni elegidos, no solo manejan los hilos y los dineros, sino también a gobernantes y ciudadanos. Vencer esa fuerza omnímoda, a menudo, es imposible. 
Nadie nos quitará que el próximo presidente del gobierno doble la rodilla ante las compañías eléctricas y nos vuelvan a subir el recibo de la luz cuando les apetezca, paguemos por horas o tengamos que comprar el último contador del momento. Ni unos ni otros evitarán  que las petroleras se unan para incrementar los precios de los carburantes de inmediato y tarden todo lo posible en bajarlos, si llega el caso. Posiblemente ningún Gobierno impedirá que las empresas telefónicas nos cobren más de la cuenta, que los bancos nos estafen  o que la Justicia, con harta frecuencia, sea un privilegio de los ricos para machacar a los pobres y los delitos prescriban para que los delincuentes, indemnes, vuelvan a hacer de las suyas. Casi con toda seguridad estas y otras cuestiones seguirán igual que siempre.
España necesita una regeneración política y democrática, un saneamiento moral, una profunda reforma de la Justicia y de la manera  de gobernar. Pero, desde hace siglos este es un país de pícaros donde siempre han sobrado muchos sinvergüenzas. Es más fácil que la podredumbre nos contamine que erijamos la honradez como estandarte. En estas últimas elecciones todavía ha habido municipios que han elegido a candidatos  que volvieron de la cárcel o están imputados. Lo que demuestra que, a veces, el clientelismo político o la cerrazón pesan más que la ética. En cualquier caso, es obligado apostar por una reforma moral de la política y las instituciones. Es intolerable que haya políticos que viven como rajás y ciudadanos que pasan hambre, que haya jóvenes que, a pesar de su alta capacidad, no puedan estudiar en la universidad. Es deleznable que la sanidad se privatice, y haya plantas de hospitales públicos que se cierran, que haya familias  a las que echan de su casa y tienen que dormir en la calle, como perros abandonados. Hay que apostar por la regeneración, por la equidad. Es la única opción que, por dignidad, nos corresponde.
 Después de tantas comisiones, sobres y escándalos sería un escarnio no hacerlo. Ardua tarea para  gobiernos municipales y autonómicos, tan plagados de alianzas. Y todo un camino sembrado de espinas para el futuro Gobierno de la nación donde, a la vista de lo que ahora sucede, es muy previsible que cada  grupo tire de la soga para un lado distinto.