La calle y las marionetas

Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias… Todos se empeñan en mostrarnos sus opciones políticas y hacen hincapié en las bondades de cada uno de sus programas. Vengan ruedas de prensa, declaraciones, entrevistas, reuniones… Vengan palabras como puñales, críticas, inmundicias y que si tú y que si yo. Pero en medio de este lodazal nadie parece percibir que el mandato de unos u otros candidatos, aun siendo importante, no va a determinar la vida de esta España nuestra. Aquí quien va a cortar el bacalao no se presenta a las elecciones y, como siempre, se trata Bruselas. Basta recordar el importante tijeretazo dado a la PAC y a los cultivos ecológicos para este año que  pisamos o los duros recortes sociales aplicados en nuestro país por imposición comunitaria. Votar azul, rojo, naranja o morado, aunque no da lo mismo, va  a quedar  relegado a un segundo plano y el resultado, tanto si hay elecciones como si no, será un extraño color panzaburra. Lo primero será hacer los deberes y acatar lo que nos dice la cada vez menos unida Unión Europea. El tablado de marionetas puede llevar buenas o malas intenciones, aplicar reformas que la población pide a gritos, empestillarse en lo mismo de siempre, promover grandes iniciativas,  acomodarse en la poltrona y cobrar a fin de mes o hacer el caldo gordo. Pero, endeudados hasta las cejas como estamos (1.069.690 millones de euros en enero de 2016), serán los burócratas de Bruselas, la señora Merkel o los mandamases europeos de turno, quienes nos dirán lo que tenemos que hacer.

Lancen ideas, señores. Propongan cielos y paraísos. Diseñen jardines del Edén. Hagan los proyectos que más les gusten para reformar la casa, pero recuerden que la vivienda está hipotecada y ninguno de sus moradores será capaz de imponer sus condiciones al  banco. El que te presta dinero es tu dueño y su primera condición es que apoquines la guita  a costa de quitarte el hambre a bofetadas.  

Mientras aquí mareamos la perdiz sobre si Pedro o si Pablo, o si Pedro Albert Pablo y otras variantes, en  Bruselas van preparando los hilos de las futuras marionetas para que bailen al paso en el tablado. Menos pan y más impuestos. Más recortes y  más trabajo por menos. Nuevos ajustes y reiterados sacrificios en un austericidio  desigual que, como es notorio, continuará afectando a los más débiles. El que tenga hambre que se chupe un codo. El que pase frío, que se caliente a guantazos. A las grandes fortunas, amnistías fiscales e impuestos de risa para que multipliquen sus beneficios. Mientras tanto, la justicia, se  reclama en la calle porque no la hay en la política ni en la judicatura, donde se aplican tanto las leyes justas como las injustas. Las instituciones poco o nada ejemplares en su forma de actuar.

Ejemplo de que la justicia no es igual para todos es el reciente rechazo  en el Senado para suprimir el aforamiento a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. En virtud de la mayoría absoluta del PP, una persona, por su cargo público o profesión, seguirá siendo juzgada por el Tribunal Supremo y no por los tribunales ordinarios. Los populares defienden que el aforamiento no es ningún "privilegio" sino "garantía de defensa y protección". Protección para los políticos corruptos, claro. Porque serán ellos los que darán largas a sus corruptelas con trámites y formulismos interminables. Los que pondrán a trabajar como locos a sus equipos jurídicos. Los que apelarán al Constitucional o donde haga falta hasta que los casos prescriban. Treinta y tantos años de democracia y todavía no ha llegado el momento de reformar la Constitución para que políticos, jueces y altos cargos no tengan el mismo trato judicial que cualquier ciudadano, como se hace en otros países de Europa y del mundo. Una vergüenza que solo invita a la desconfianza, al descrédito de una cámara, ya bastante insulsa.

Nos sobran senadores pachá cuya única aspiración es blindar sus desmanes y seguir percibiendo sustanciosas nóminas. Están de más  esos representantes políticos que con causas abiertas y expulsados de su partido pasan al grupo mixto y  siguen  cobrando del erario público como lo más natural del mundo.  

En lo que a mí se refiere no puedo creer en alguien que se aprovecha de su cargo para lograr su inmunidad. No confío en esos diputados y senadores que ni siquiera acuden a las sesiones. No soporto a esos señores que se valen de su cargo para cobrar comisiones y encima el Estado los premia con sueldazos.  Somos estúpidos por seguir votándoles, por pensar siquiera que van a mejorar nuestras leyes o a actuar con un poco de ética. Si en cerca de cuarenta años no han sido capaces de lograr que la Justicia sea lo mismo  para ellos que para nosotros, ¿qué podemos esperar?

Acabemos con los privilegios. Estamos en el siglo XXI. Votemos propuestas concretas y, si no se cumplen, que quede por sentado que sus responsables dimitirán. Estamos cansados de palabras, de verborrea hueca que contradice los hechos, de mentiras, de oportunismo, de delincuentes salvados de la cárcel por el cargo y la lentitud judicial. Hagamos que las malas leyes se deroguen y cambien. Firmemos en contra de los aforamientos y de quienes los defienden. La justicia con demasiada frecuencia no está en los parlamentos. Está en la calle, en esa gente que se manifiesta por cuestiones tan básicas y tan pisoteadas como el derecho a la vivienda, la alimentación o el trabajo. En esos millares de  estafados por los bancos que, sin ayuda de nadie, se han visto obligados a pelear por lo que, en justicia, les pertenece. La honradez está en el amigo que te ayuda cuando estás hundido, en ese señor que te avisó cuando se te cayó la cartera. No en esos senadores que se han opuesto a ser juzgados por tribunales ordinarios, como todo hijo de vecino. No en esos señores que quieren ser dioses y elevarse por encima de los mortales. La ética no está en esos políticos que borran más de treinta veces sus ordenadores para eliminar cualquier prueba que los incrimine. La dignidad no se encuentra en esos presidentes que hablan de apretarse el cinturón mientras roban al pueblo. No en esos gobernantes y constructores que se forrar con contratas y licencias de obras. No en esos sinvergüenzas que traficaron con prejubilaciones y falsos ERE. Del rey abajo ninguno es más que otro ni tiene por qué tener tratos de favor con la Justicia. Este es un clamor del pueblo, pero a la alta política ni le conviene ni le interesa llevarlo a efecto.

Las marionetas seguirán danzando bajo el redoble europeo. A nosotros, los ciudadanos, nos queda la calle.

                                                

Débiles e indefensos

A estas alturas de la vida dudo de que haya noticias que puedan  sorprenderme, pero, desde luego, sí indignarme. Una de las últimas que me han exasperado  ha sido la de saber que en el Vaticano la  Pontificia Comisión para la Protección de los Menores anda muy preocupada con el asunto de la pederastia dentro de la Iglesia y ha decidido reunirse nada menos que dos veces al año para tomar cartas en el asunto. Y el interés llega a tanto que la comisión no se dedica a resolver casos específicos, sino a buscar “una forma institucional de proteger a los menores". Los obispos "no están obligados" a denunciar los abusos a menores, según una nueva guía del Vaticano. Es decir que, más que una comisión es un claro caso de omisión. Omisión de socorro a las víctimas, omisión de denuncia y castigo  a sacerdotes que se valieron de su cargo y destrozaron la vida de muchísimos niños. Omisión de justicia a clérigos que predicaron la bondad divina en un púlpito y, en privado, violaban niños, practicaban el abuso sexual, la coacción y el chantaje a menores.

La Santa Sede ha condenado en los últimos 10 años a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores. Un total de 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico, mientras que los 2.572 restantes recibieron sanciones de distinto tipo.  

Miles de casos de abusos sexuales en la Iglesia católica en todo el mundo y el Vaticano, como máximo, los cesa, cuando no mira  para otro lado, como ha hecho hasta no hace mucho.

La Justicia española tampoco ayuda demasiado al respecto. Si se trata de violación, la prescripción se produce a los  quince años desde el hecho. En el caso más leve, a los cinco.

Me avergüenzan la Iglesia y la Justicia que tenemos. Me abochornan los gobiernos que desde hace décadas no han hecho absolutamente nada porque estos y otros delitos caduquen como los yogures. Me subleva que se haya permitido  que el abusador fuese  a otra parroquia y siguiese  abusando de más niños, como si tal cosa. Me revienta que ante casos tan flagrantes no haya una reforma de las leyes.

El Vaticano, que se yergue como la voz de la conciencia mundial, no duda en gastar en exceso, enriquecerse de manera injustificada, ocultar sus finanzas y no castigar los abusos a menores. Con semejante currículo no es de extrañar que aumenten los ateos e incluso haya  creyentes que le pidan a Dios que los libre de la Iglesia. Me pregunto cómo se puede confiar en una institución  que no es capaz de poner coto a su propia inmoralidad, que  a veces hasta se doblega a la desfachatez y a la impunidad.

Y mientras esto sucede, uno se entera de que un sevillano ha sido condenado a seis meses de cárcel por robar una bicicleta en 2008.  De que a un senegalés le han caído nueve meses por intentar robar una gallina. O que la portavoz del ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, después de cinco años, por protestar en una capilla de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido condenada por ofender a la Iglesia a pagar  4320 euros. En estas  ocasiones los delitos, tan menores, parece ser que no prescriben.

Un político sin escrúpulos se puede hinchar a robar durante años. Un sacerdote puede violar a lo largo de décadas. Es relativamente fácil que a  ninguno les ocurra nada. Un ladrón de gallinas muerto de hambre o un ciudadano  con verdades como puños que protesta, tiene todas las papeletas para ir a la cárcel.  

Se intenta criminalizar la libertad de expresión, los derechos básicos de nuestra democracia. Se condena a la víctima y se bendice al verdugo. Los escraches se califican de delitos de terrorismo, las protestas por una educación de calidad, por un techo bajo el que vivir, cualquier demanda ciudadana que clama justicia se contempla como un acto ilegal y subversivo, azuzado por la Ley Mordaza.

Nuestras condiciones de vida empeoran, la corrupción es escandalosa, la Justicia no funciona, la Iglesia nos avergüenza, la gente se queda en la calle y pasa hambre, la Corona abraza al corrupto, los pobres pagan muchos más impuestos que los ricos, pero el vecino  de a pie  no puede protestar y tiene que ser una marioneta, un siervo de los privilegios del poderoso. El ciudadano tiene que agachar la cerviz como un becerro y soportar que en España  haya más de diez mil aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios, mientras escucha que la ley es igual para todos. El hombre o la mujer de la calle tienen que aguantar  que  la injusticia se agrave y perpetúe en las instituciones sin que haya visos de reforma. Apenas  hay referentes morales, pero sí muchedumbres cada vez más numerosas  tratando de sobrevivir. Por cada salto que da la riqueza, hay millones de inocentes que son sacrificados en aras de su crecimiento. El capitalismo ahonda la brecha, expande la miseria, multiplica la injusticia. Basta ver las imágenes que nos llegan de Idomeni con esas miles de personas que no saben dónde ir mientras porque las fronteras permanecen cerradas. Basta eso para comprender que nunca como hoy estamos condenando la pobreza, que el mayor delito de nuestro tiempo, el único en el que de verdad se emplea a fondo la Justicia y los gobiernos,  es el de sentenciar a quien carece de todo. Acabar con la pobreza dejando morir a los pobres parece ser la respuesta de la Europa privilegiada

Tusk, el líder del Consejo Europeo lo ha advertido no hace mucho a los migrantes: no vengan a Europa. Solo le faltó decir que se quedaran en Turquía, que se murieran en su tierra, que aquí no nos gusta la pobreza, que queremos que este sea un territorio libre de pobres y solo admitimos a turistas con dinero.

El parné  no conoce fronteras, viaja sin cortapisas por todo el mundo. Las personas con una mano delante y otra detrás, esas sí que tropiezan con todas las barreras. Palos, gases lacrimógenos, concertinas… No importa que sean víctimas de la guerra, da igual que huyan del hambre o la muerte. No interesa  que se sepa que, con harta frecuencia es el primer mundo, civilizado e inhumano, es quien fomenta las guerras, quien vende armas, quien destruye naciones para luego, aprovechar su debilidad y  esquilmarlas a su antojo.   

La víctima, el niño indefenso, el débil… siempre lleva las de perder en este mundo caníbal. La aporofobia (el odio y rechazo a los pobres) es más que una tendencia, es el signo de nuestra identidad. Ya solo tenemos miedo a ser tan pobres como esos que aparecen en la tele.                

                                            

Lo más importante

Para desayunar un buen tazón de desafío soberanista catalán, para comer doble ración de lo mismo y para cenar se repite la historia. Parece que no hay otra noticia tan importante  ni en Cataluña ni el resto de España. Ningún otro asunto acapara tanto espacio en los medios. Ninguno se ha hecho tan pesado, tan cansino y molesto.  Mas, la Cup, Junts pel Si, los del No, Esquerra, Rajoy, Carme Forcadell, esteladas, banderas españolas, Romeva, la Constitución, el ministro de turno, representantes de los distintos partidos, juristas expertos,  el artículo 155 de la Constitución, “opinadores” de toda laya, debates, ruedas de prensa, declaraciones… Después de remover está ensalada tantos meses, día sí y día también, esta se ha hecho puré y uno ya está mareado y harto de ella.

El asunto tiene su importancia, desde luego. No he de negarlo. Pero, ¿realmente la sociedad española necesita pagar  a los políticos para que todos los días estén dedicados en cuerpo y alma  al mismo tira y afloja? Si todo ese maravilloso tiempo que emplean con  este debate enquistado, lo dedicaran a preocuparse por los problemas realmente graves de la gente, seguramente nos iría muchísimo mejor.  Nada  se dice nada de cómo solucionar la pobreza energética de cuatro millones de españoles  que no tendrán dinero para calentarse este invierno. Casi no se habla de si va a entrar en vigor la ley LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) el próximo 1 de enero, con la que se eliminarían  buena parte de los servicios sociales actuales. Según el presidente de la federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, de entrar en vigor cientos de niños se quedarán sin becas de comida, miles de personas tendrán que dormir en la calle porque no podrán estar en los albergues y  docenas de miles perderán el servicio de teleasistencia. ¿Por qué se planeó una ley tan lesiva para los 8122 ayuntamientos de toda España? Apenas se cuenta que somos el cuarto país de Europa con el recibo de la luz más caro (después de Dinamarca, Alemania e Irlanda) y nadie hace nada por pararle los pies a las eléctricas? Los costes regulados o peajes de la electricidad, que están en manos del Gobierno suponen el 56% de la factura. Aquí se incluyen los costes de distribución y transporte de esa energía hasta nuestros hogares y otros conceptos más complejos, como las subvenciones a las renovables, o el famoso déficit de tarifa.

Pero lo curioso de este enredo es que la energía se subasta  y las cinco eléctricas - fundamentalmente Iberdrola, Gas Natural y Endesa- son juez y parte de la subasta. Producen energía y a la vez la distribuyen y deciden a qué precio se la venden a sí mismas. Como consecuencia se puede aumentar el precio de la luz tanto como se quiera y nadie sabe bien qué factores afectan al alza o a la baja del recibo. Un pan como unas hostias para el consumidor quien, de paso, ha de ver que  existen barreras de entrada para nuevas empresas en este mercado, lo cual garantiza la supervivencia de este oligopolio.

La Comisión Nacional de la Competencia lleva años denunciando las prácticas oligopolísticas de este sector y considera que el precio de la energía se pacta, siempre al alza, en los despachos de las grandes eléctricas. Sin embargo, aduce que no puede enfrentarse a esta práctica ya que los enormes beneficios que se pueden generar pactando precios compensan cualquier posible sanción, por elevada que sea.

Por otro lado, a tenor del Real Decreto sobre autoconsumo y producción con autoconsumo eléctrico redactado por el Gobierno cualquier ciudadano que tenga algunas placas en su tejado o cualquier otro sistema de producción de energía renovable, tendrá que registrarse para pagar el “peaje de respaldo” y quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros. El propósito es simple: arrancar de cuajo la más mínima posibilidad de autonomía energética de los consumidores para que no perjudique los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. España, gracias a la ratificación del texto legal de nuestro Gobierno,  pasará a ser el primer país del mundo donde el sol no pueda usarse libremente y se crearán delincuentes solares. Como si el astro fuese propiedad exclusiva de las eléctricas y todos los españoles tuviéramos que pagarles a ellas por servirnos del sol que nos alumbra.  No faltará quien, por miedo, retire  las placas de su tejado y se ponga a  consumir la energía que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. En pocas palabras, el Gobierno se vende a las eléctricas porque de su energía percibe sustanciosos impuestos que no está dispuesta a perder.

Hay miles de temas que los políticos y los medios de comunicación silencian o se quedan en el limbo de los embrollos de los que no conviene hablar y  nos afectan mucho a todos. Los ciudadanos lo que queremos es honradez, buena gestión y buenos servicios, no discusiones bizantinas y calentamientos de cabeza.

¿Por qué asistimos a la bochornosa exhibición de mi bandera si, la tuya no? ¿Por qué tanta división, tanto enfrentamiento? ¿para qué tantas y tantas palabras? En una España con tantas carencias y recortes sociales, me gustaría mucho más que el Gobierno de la nación redactase una ley que condenara e inhabilitara de por vida a quienes  derrochan el dinero público, a quienes venden y compran contratas, a quienes juegan con nuestros derechos e  impuestos.

            La campaña Junts pel si, aun haciendo economías, ha contado  con un presupuesto de 3,7 millones de euros (el 90% procedente  de subvención pública)  Mientras tanto,  según el diario Expansión, la deuda pública en Cataluña en el segundo trimestre de 2015 ha crecido en 1.753 millones de euros y se sitúa en 67.855 millones, por lo que, en esa fecha, fue  la Comunidad Autónoma con más deuda de España,  el 33,90% del PIB de Cataluña, 6031 millones de euros más que en el  mismo trimestre de 2014.

            Es inmoral que la gente se apunte al independentismo o a una España grande y libre cuando hay gente que pasa hambre y duerme al raso, cuando sigue habiendo más de cuatro millones de parados, cuando se ha precarizado el trabajo y la pobreza aumenta, cuando hay tantas plantas de hospital cerradas, cuando tanta corrupción ha habido en Convergencia, PP y PSOE.  Lo prioritario hoy es satisfacer las necesidades básicas de la población, actuar con ética y no robar, lo demás es secundario.

Hace ya varias décadas, cuando al nada honorable presidente de la Generalitat  de Cataluña, Jordi Pujol, lo acusaban de un turbio asunto en el caso Banca Catalana, este se envolvió en la bandera nacionalista y todo se silenció. Al grito de som una nació  y echándole la culpa al Gobierno central y  los no nacionalistas, todo se tapó y la gente cerró filas apoyándole. Ovación cerrada y vuelta al ruedo, así durante 24 años (1980-2003). Hace ya una década  Pascual Maragall le reprochó a Mas que tenía un problema que se llamaba el 3%  Hoy, este delfín de Pujol,  que fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas bajo su mandato entre 1995 y 1997 y gestionó  2.129 millones de euros,  al parecer vivía en una nube y no se enteraba de la corrupción que le rodeaba. Hoy ese hombre, bajo una exaltación nacionalista todavía mayor que la de entonces, ha conseguido el 47% de los ciudadanos le apoye y hasta le jalee con entusiasmo en pro de la República de Cataluña.  No hay mejor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán español. Y en estos momentos en donde tanto se trae y se lleva la independencia de Cataluña,  no se está viendo qué es lo más importante.